Ley antiterrorista: bienvenido avance

El Senado aprobó el proyecto de nueva ley antiterrorista presentada por el Gobierno, que pasa ahora a su segundo trámite legislativo en la Cámara de Diputados. Es una buena noticia, porque en la versión 2024 del índice global de terrorismo elaborado por el Instituto para la Paz y la Economía, Chile obtuvo el lugar 17 de los países amenazados por el terrorismo, de entre 163 países analizados.

Esta situación se ve propiciada, en parte, por las dificultades en la aplicación de legislación vigente. En efecto, la normativa actual exige que los delitos terroristas se cometan con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie. Esta finalidad o “dolo terrorista” resulta muy difícil de probar en juicio, razón por la cual el Ministerio Público prefiere perseguir los delitos como si fueran comunes. En los hechos, se registran muy pocas condenas por delitos terroristas desde la entrada en vigencia de la ley.

Es positivo que los sectores políticos debatan, acuerden y definan las conductas que son inaceptables en un régimen democrático.

En consecuencia, la propuesta aprobada por el Senado describe precisamente las conductas terroristas, con lo cual hace innecesario demostrar la intención de provocar temor. Además, actualiza la figura de la asociación terrorista, que se extiende no sólo a quienes pertenecen formalmente a la organización sino, también, a aquellos que cometen delitos siguiendo sus lineamientos.

Ahora bien, más allá de los aciertos o errores técnicos que pueda tener el proyecto, es positivo que los distintos sectores políticos debatan, acuerden y definan las conductas que son inaceptables en un régimen democrático. Bajo la legislación actual, que exige la prueba de un elemento subjetivo como el dolo terrorista, esta definición queda entregada al juez. Pero como el nuevo proyecto define en sede legislativa precisamente cada una de las conductas consideradas terroristas, se requiere un consenso político que relegitima el civismo y la convivencia democrática.

De este modo, es de esperar que la iniciativa avance y pueda convertirse en ley, no sólo para aumentar su efectividad sino, sobre todo, para definir con total claridad el límite infranqueable entre el terrorismo y la democracia.